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En materia ambiental no vamos por un buen camino

 

Después de cuatro años de gobierno del presidente Santos se podría afirmar que Colombia, en materia ambiental, no va por buen camino. Algunas evidencias sustentan la anterior afirmación.

 

Primero, el creciente interés de empresas multinacionales por explorar y explotar los recursos mineros del país. Así lo demuestra el otorgamiento de cerca de 19.000 licencias ambientales, según el Ministerio de Minas. Esta situación, según algunos expertos, se repite en todos los países ricos en minerales. La explicación está en que la economía mundial sigue creciendo y necesita de más energía y recursos. Es decir, Colombia seguirá siendo importante para el crecimiento de la economía mundial, paradójicamente no para su economía interna.

 

Segundo, el actual gobierno declaró 17 millones de hectáreas de la Amazonia y de la Orinoquia como zonas de minería estratégica. Esta política muestra claramente la incompatibilidad de las leyes en Colombia, ya que de un lado se protege a los pueblos indígenas, pero del otro se declaran áreas estratégicas mineras. A decir del economista catalán Joan Martínez, “parece que cuanto más modernos somos, más simplificamos la geografía. Entramos en un momento en el que predomina un solo lenguaje, que es el de la economía, y se olvidan, por ejemplo, la riqueza de idiomas y la diversidad biológica y cultural de estas zonas. Santos se imagina a la Amazonia con una minería ordenada, con grandes empresas, pero la Amazonia no es eso, no se puede simplificar así”

 

Tercero, en una investigación de la Contraloría General realizada en el 2013, el desarrollo minero está acabando con el agua. “Extraer un gramo de oro implica gastar hasta 1.060 litros de agua. La misma cantidad de arroz, de papa o de leche se puede producir con menos de dos litros.” Estos datos indican el alto consumo de agua para la actividad minera y su competencia con la producción de alimentos. A lo anterior se suma la contaminación de las aguas por mercurio o cianuro. Para la Contraloría, “un modelo de desarrollo basado en la extracción de minerales e hidrocarburos puede causar un impacto aún más fuerte debido a la contaminación de aguas y suelos, en particular en la zona de laderas andinas, poniendo en riesgo no sólo la diversidad, sino también la soberanía alimentaria”.

 

Cuarto, en términos económicos, el país exporta barato y compra caro. Las multinacionales aun hoy encarnan el modelo imperialista que acabó con África: llegar a un lugar que va a ser su proveedor barato de materias primas. Aquí cabe preguntarse ¿Para qué destruir flora y fauna, acabar con las fuentes hídricas, y lesionar a las comunidades si al fin y al cabo se va a vender materia prima barata?

 

Quinto, como complemento del anterior argumento, los economistas del actual Gobierno que defienden la locomotora minera han expresado que esta es una fuente de desarrollo para el país. ¿Es compatible desarrollo y conservación? Depende, porque si vamos a crecer económicamente eso nos lleva a costos ambientales muy grandes, y si la política está asentada en una prosperidad sin crecimiento, habría que dejar de lado el crecimiento económico y ver cómo existimos con lo que tenemos.

 

Sexto, aunque no haya el mayor registro de los medios de comunicación, los conflictos y las movilizaciones ambientales crecen. Sin embargo, es cierto que ahora se están discutiendo más estos asuntos, aun así no se puede olvidar que, en Colombia, los temas ambientales han estado relacionados con el conflicto armado.

 

En estas condiciones, Colombia no va por buen camino. La locomotora minera hace mucho rato se descarriló. Hay que insistir en la pregunta: ¿cuál es el beneficio que le queda al país? Hay una alucinación por esta locomotora minera. Y vuelvo a reiterar: su poder encandila y no deja ver los costos sociales y ambientales.

 

 

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