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Los Riesgos de una Asamblea Nacional Constituyente

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
La refrendación de lo acordado en La Habana entre los negociadores del
Gobierno y de las Farc es y será un asunto trascendental para la finalización
del conflicto, la definitiva dejación de armas por parte de las Farc, así como
para garantizar que haya una eficaz y efectiva justicia transicional y en esa
medida, avanzar hacia una complicada etapa de posconflicto.
Hay dos caminos para la refrendación: uno, la aprobación en el Congreso
elegido el 9 de marzo de 20141, de marcos legales que con el carácter de leyes
estatutarias, aseguren en el tiempo el respeto por lo acordado en materia de
penas alternativas para la cúpula fariana y su participación en la vida política y
democrática del país, así como para la ejecución de las políticas públicas sobre
las cuales se soportará la Reforma Agraria Integral y los otros puntos de lo
acordado entre las partes, sobre la base de los seis puntos de la Agenda de
Paz. Y el segundo camino, la convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente.
Ese primer camino no convence del todo a las Farc porque personajes como el
Procurador Ordóñez y otros más, se encargarán no sólo de demandar dicho
marcos jurídicos ante las Altas Cortes y ante organismos internacionales, si es
el caso, sino de promover, con el apoyo de poderosos sectores económicos,
políticos, sociales y militares, el desconocimiento de lo acordado, desde la
perspectiva política que acompaña la firma de tratados de paz y armisticios.
Por el contrario, las Farc proponen y exigen que el camino más seguro es la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con el fin de que lo acordado en La
Habana alcance un nivel y un carácter constitucional, lo que supone un
inexpugnable blindaje que guarda coincidencia con la rigidez que debe
asegurarse a la Carta Política resultante de esa convocatoria a una Asamblea
Nacional Constituyente.
Pero ese camino, en las actuales circunstancias que vive el país y las que
arrastra la joven y vigente Constitución Política es peligroso e inconveniente
pensar en una ANC. Varias circunstancias y hechos permiten pensar así. En
primer lugar, un llamado a una ANC terminaría por reconocer que el pacto de
paz y el nuevo contrato social firmados en 1991 fracasaron por la poca
voluntad de las fuerzas y actores que participaron del diseño constitucional.
En segundo lugar, derogar una constitución liberal y garantista como la de 1991
abre la posibilidad, por las características del Congreso elegido el 9 de marzo
de 2014, la fuerte polarización política que hoy existe y el creciente malestar
político y social que se viene consolidando de tiempo atrás, para que sectores
neoconservadores y los eternos enemigos del espíritu de la vigente Carta
Política, logren regresarnos al entorno político, social y cultural que generó y en
1 Congreso en el que tienen asientos sectores conservadores, a los que les molesta el espíritu garantista y
liberal de la Carta Política vigente en Colombia.
el que se aplicó la Constitución de 1886, hecha a la medida de sectores de
poder que creen a pie juntillas en el Estado de Derecho, en el que importa,
sobre todos los ámbitos y circunstancias, el imperio de la ley.
Se trata de esos mismos sectores que aún sueñan con el Estado de Sitio,
como condición natural para controlar, pacificar y violentar a una sociedad que
deambula sin referentes legítimos de orden y que exhibe graves dificultades en
sus procesos civilizatorios2.
En tercer lugar, un llamado a una ANC terminaría por quitarle el sentido
histórico y estructural con el que debe entenderse y comprenderse una
convocatoria de esa magnitud. El cambio no podría ser más desalentador e
inconveniente: esa nueva Asamblea Nacional Constituyente tendría un sentido
meramente coyuntural3, que animaría en lo consecutivo a aquellos sectores
molestos con el nuevo marco constitucional, para pensar nuevas coyunturas y
por ese camino, generar animadversión hacia el nuevo orden y pacto de paz,
hasta el punto de motivar su desmonte por la vía de un nuevo llamado a una
Asamblea Constituyente.
En cuarto lugar, derogar la Carta Política de 1991, sin haber alcanzado la
consolidación del Estado Social de Derecho y la generación de una cultura
política y democrática en todos los niveles de la sociedad colombiana y sobre
todo sin haber solucionado problemas como el empobrecido capital social de
millones de colombianos, es un riesgo que el país no puede correr.
Dado lo anterior, la salida estaría en el llamamiento a una Asamblea Nacional
limitada o circunscrita a temas específicos, como lo planteó hace un tiempo
Rodrigo Uprimmy. El profesor Uprimny señaló: “…Otra posibilidad es una
asamblea constituyente, pero no soberana, sino para temas específicos. Y eso
es posible pues la Constitución establece que la ciudadanía aprueba la
convocación de una constituyente, pero con base en una ley que define su
“competencia, período y composición”. Una asamblea con competencia
limitada no pondría en riesgo los avances de la Constitución de 1991; y al
definirse su composición, podría permitirse una mejor participación de grupos
minoritarios, como las víctimas y los grupos étnicos. Es pues una opción a
explorar, pero que también tiene peligros, pues una vez convocada podría
querer transformarse en una asamblea soberana…Debemos pues empezar a
debatir cómo refrendar un eventual acuerdo de paz”4.
Al tiempo que se piensa en una ANC limitada, es urgente y necesario que las
élites y de la dirigencia política y económica del país, reconozcan los errores
2 Véase http://m.semana.com/opinion/articulo/hemos-fallado-como-nacion-comosociedad/
260869-3

3 Motivado por la firma de la paz con un grupo armado al que diversos sectores consideran como
terroristas, lo que a futuro podría generar una fuerte animadversión contra lo acordado y refrendado.
4 Véase ¿Cómo refrendar la paz? http://www.elespectador.com/opinion/columna-426654-
refrendar-paz

que han cometido al capturar el Estado para sus particulares y mezquinos
intereses. Ese sería un buen comienzo para hacer viable a este país.

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